El Tribunal Supremo británico se pronuncia el miércoles sobre la legalidad del proyecto independentista en Escocia, cuyo gobierno regional pretende convocar un segundo referéndum de autodeterminación el próximo año pese a la oposición de Londres.
El Partido Nacional Escocés (SNP), liderado por Nicola Sturgeon, que gobierna esta nación británica de 5,5 millones de habitantes situada en el norte del Reino Unido, quiere organizar una votación consultiva con la pregunta “¿Debe Escocia ser un país independiente?”.
Incluso fijó ya la fecha: el 19 de octubre de 2023. Y defiende que desea “un referéndum legal”, para evitar un conflicto como el vivido en España en 2017 debido a la consulta realizada en Cataluña pese a la prohibición de la justicia española.
El ejecutivo central de Londres se niega en rotundo, argumentando que Escocia ya organizó un referéndum de autodeterminación en 2014, por lo que el SNP busca cubrirse con un marco legal propio, aprobado a tal efecto por la cámara regional escocesa.
Y anticipándose a una ardua batalla legal, la Lord Advocate Dorothy Bain, representante jurídica del ejecutivo escocés, pidió hace seis semanas a la más alta jurisdicción del país que determine si Escocia tiene capacidad para ello.
Los jueces del Tribunal Supremo deben anunciar su decisión a las 09h45 (locales y GMT) y según Stephen Tierney, profesor de derecho constitucional de la universidad de Edimburgo, “lo más probable” es que consideren que esto escapa a las competencias del gobierno regional.
Sin embargo, los magistrados podrían también decidir “que la corte no tiene jurisdicción para resolver la cuestión” o podrían “rehusar resolverla en virtud de su facultad discrecional”, precisó el Supremo en un comunicado.
– “Derecho fundamental e inalienable” –
En el referéndum de 2014, organizado con el acuerdo del gobierno conservador británico de David Cameron, 55% de escoceses votó a favor de permanecer en el Reino Unido.
El principal argumento contra la secesión fue que esta dejaría a Escocia fuera de la Unión Europea.
Pero paradójicamente, dos años más tarde el referéndum sobre el Brexit –contra el que votó el 62% de escoceses– acabó sacando a la región del bloque precisamente por haber permanecido en el Reino Unido.
Sturgeon y su partido argumentan que esto cambió completamente la situación y considera que disponen de un “mandato indiscutible” para organizar otra consulta gracias a su mayoría en el parlamento regional, la primera de la historia de diputados proindependentistas.
El SNP ganó las legislativas de 2021 con la promesa de celebrar una nueva consulta legal una vez superada la pandemia de covid-19.
Los sondeos muestran a los escoceses casi divididos por igual a favor y en contra de separarse del Reino Unido, principalmente con el anhelo de volver a entrar en la UE.
El “derecho de autodeterminación es un derecho fundamental e inalienable”, defendió en octubre el gobierno escocés.
Por su parte, los abogados del ejecutivo británico argumentaron ante el Supremo, como ya ocurrió en España con el proyecto independentista catalán, que Escocia no puede actuar unilateralmente en un asunto que concierne a todo el país.
Aunque los nacionalistas escoceses prometen organizar una votación puramente consultiva, Londres se encontraría bajo gran presión para autorizar la independencia si esta se impusiera por considerable mayoría.
Si la justicia no le da la razón, el SNP planea convertir las próximas legislativas, previstas en 2024 o 2025, en un plebiscito de facto, haciendo campaña sobre esa única cuestión.
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